Punto de Vista
Cultura de la legalidad y lucha contra la corrupción
10/8/07
* Intervención de Alberto Wray en la Mesa Redonda organizada por el Aniversario de la Creación de la Comisión de Control Cívico de Lucha contra la Corrupción.

Es preciso distinguir entre el legalismo y la cultura de la legalidad. El legalismo es una actitud patológica frente al sistema jurídico. Se caracteriza por la instrumentalización de la legalidad en función de objetivos que nada tienen que ver con la eficacia real de la norma, ni con los fines de interés general hacia cuya consecución se supone que están orientadas sus disposiciones. Esta instrumentalización puede afectar, en primer lugar, al acto mismo de expedir la ley, de manera que al advertirse una situación de conflicto no se intenta solucionarla a partir de la legalidad existente, sino mediante la expedición de una ley ad-hoc. Con esta actitud, es posible no solamente legislar con dedicatoria, sino además sostener que el problema ha dejado de existir por el solo hecho de la expedición de la ley. Por eso tenemos tantas leyes.

Pero hay también otra forma de legalismo, que consiste en forzar el sentido de la ley, para encubrir, para simular legalidad.

Nuestra cultura es decir, aquello que la realidad cotidiana muestra, es de legalismo, no de legalidad. La cultura de la legalidad en el Ecuador está por construirse.

Pero, concretamente, ¿Qué tiene que ver esto con el tema de la lucha anticorrupción?

Estamos de acuerdo en que no debe haber piedad para con los corruptos. Pero este principio solamente puede aplicarse si hay un razonable grado de certeza respecto a la pertinencia del calificativo, es decir respecto a que esa persona calificada como corrupto, efectivamente lo es.

Pero si el ejercicio de una función pública marca el momento en que termina la presunción de inocencia, se contribuye a crear el clima más adecuado para que campee la impunidad frente a la corrupción. Esto es lo que ha comenzado a pasar. La política se ha judicializado. La justicia le hace el juego. Si todos están acusados, los verdaderos culpables tienen mayores posibilidades de pasar desapercibidos.

El fin no justifica los medios. Así como la bondad del fin no puede admitirse como justificación del hecho delictivo, tampoco la lucha contra la corrupción legitima los medios. Y aquí es donde se juntan estos dos elementos: la construcción de la cultura de la legalidad en el país, no puede menos que comenzar a partir del comportamiento de los órganos encargados de luchar contra la corrupción: el Ministerio Público, la Contraloría, los que administran justicia, y también los nuevos, que han surgido por la necesidad de que la sociedad civil este representada, como la Comisión de Control Cívico de la Corrupción.

La construcción de la cultura de la legalidad no tolera la generalización, ni la ambigüedad. No admite que se acuse por suposiciones, ni por ceder a las presiones de la opinión. No tolera tampoco que se pasen por alto los principios del debido proceso. No se trata aquí de perderse en una maraña legal. Se trata de aplicar catorce o dieciséis principios clara y objetivamente enunciados en el artículo 24 de la Constitución y en todos los convenios internacionales.

Con frecuencia, los organismos de justicia y de control parecen estar como crucificados entre la necesidad de responder a las aspiraciones de la población y la necesidad de ser objetivos y de respetar el debido proceso. Con frecuencia, ceden a la tentación.

La Comisión Independiente contra la corrupción de Hong Kong, cuando comenzó a funcionar se topó ya con estos problemas y su actuación y su jurisprudencia han sido muy importantes a la hora de establecer principios que han permitido que en los procesos mundiales de lucha contra la corrupción se concilie el respeto a las garantías de las personas con la necesidad de obtener resultados.

La llamada reversión en la carga de la prueba para ciertas conductas, es uno de esos principios. La técnica en virtud de la cuál se le obliga al funcionario público a hacer una declaración y a presentar de manera transparente su patrimonio antes y después del acceso a la función, es un recurso para que en caso de que no se pueda explicar por parte de ese funcionario el origen de ciertos bienes, razonablemente, se pueda configurar de esa manera la infracción, a partir de una presunción legal. Pero siempre tendrá el funcionario en cuestión la oportunidad de presentar su descargo, antes de que se formule en su contra una acusación.

También el derecho a la información puede entrar en colisión con la necesidad de obtener resultados en el combate contra la corrupción. El derecho de acceder a las fuentes de información que tienen todas las personas y particularmente los medios de comunicación, haría pensar en la posibilidad de que se difunda la noticia de la investigación en sí, antes de que se haya arribado a resultados. Esto evidentemente conspira contra el éxito de la investigación, en primer lugar, y también contra el buen nombre de las personas a las que se está investigando, respecto de las cuales ni siquiera existen todavía pruebas suficientes para hacer la inculpación.

Este tipo de prácticas son las que deberíamos erradicar, si queremos estar en camino de construir una cultura de la legalidad.
Autor: Alberto Wray
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