Punto de Vista
La relación entre el Derecho Internacional y el Derecho Local
13/8/08
Para abordar el análisis debemos señalar que la doctrina de derecho internacional clásico planteaba dos teorías para explicar la relación entre el derecho local y el derecho internacional. Estas teorías son la monista y la dualista.

Para la doctrina Dualista, el Derecho internacional y el Derecho Local constituyen dos órdenes jurídicos radicalmente diferentes, de manera que los tratados internacionales no se entienden incorporados per se al derecho oocal, a menos que haya una decisión interna que los ponga en vigencia. A pesar de que en la jurisprudencia internacional esta doctrina ha sido superada, hay Estados que la observan en su orden interno. El ejemplo más conocido es el de Estados Unidos.

Una situación que ilustra los conflictos que pueden surgir de la observancia de esta doctrina es lo ocurrido recientemente con el sonado caso Medellín v. Texas.

Un ciudadano mexicano, José Ernesto Medellín, fue condenado a muerte por una corte del Estado de Texas. Para evitar su ejecución, México demandó ante la Corte Internacional de Justicia en la Haya y obtuvo, en el año 2004, una resolución favorable según la cual los Estados Unidos de América debían abstenerse de ejecutar al señor Medellín, ya que su enjuiciamiento se produjo sin que se le haya advertido de su derecho a contar con asistencia consular como ciudadano extranjero, con lo cual se violaron sus derechos y los del estado Mexicano, al haberse infringido lo dispuesto por el artículo 36 (1)(b) de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, tratado internacional suscrito y ratificado por EEUU.

Pese a esta decisión, Medellín fue ejecutado en agosto de 2008, sobre la base de una resolución de la Corte Suprema de los Estados Unidos, de marzo de 2008, en la cual se sostiene que las decisiones de la Corte Internacional de Justicia no son directamente vinculantes para las autoridades judiciales del Estado de Texas. La Corte Suprema sostuvo que existen acuerdos internacionales con efectos directos en el ordenamiento jurídico y existen otros que no se consideran automáticamente parte del Derecho Local.

En cambio, para la doctrina Monista, cuyo autor más representativo es Hans Kelsen,.el Derecho Internacional y el Derecho Interno forman parte de un solo sistema, por lo que existe unidad en el ordenamiento jurídico, de manera que los tratados internacionales no podrían ser considerados parte del ordenamiento interno de un estado a menos que se haya adoptado la legislación necesaria para su aplicación, o que el propio tratado estipule inequívocamente que es auto ejecutable.

Para Kelsen, las normas jurídicas encuentran su fundamento en una norma superior. Las normas se escalonan y la validez de cada norma depende de su conformidad con la norma de rango superior. En la cúspide de la pirámide de Kelsen se encuentra la norma fundamental que asegura la unidad y la coherencia del ordenamiento jurídico.

Si bien en sus primeros estudios Kelsen situaba como norma superior la del derecho interno, a partir de 1934 defendió que la norma fundamental es la norma de derecho internacional. Kelsen (La paz por medio del derecho. Editorial Trotta, Madrid, 2003) sostiene que el derecho interno es un orden derivado respecto del Derecho Internacional el cual reconoce poder a los Estados para crear normas jurídicas, por lo que la juridicidad y la obligatoriedad del derecho interno dependen de su conformidad con la norma fundamental. Para Kelsen la competencia doméstica o interna está formada por los asuntos que el Derecho Internacional deje a la competencia exclusiva del Estado. En definitiva la doctrina Monista plantea que en este sistema único el derecho internacional determina los limites de la conducta de los Estados en sus relaciones internacionales así como en las relaciones del derecho doméstico.

La posición de Kelsen ha sido recogida por la mayoría de las legislaciones y en especial y de forma contundente por la doctrina y la jurisprudencia internacional.

El legislador ecuatoriano también ha incluido en su sistema jurídico esta doctrina, por lo que resulta claro que para el ordenamiento jurídico ecuatoriano el Derecho Internacional y el Derecho Interno forman parte de un sistema jurídico único.

Si analizamos las disposiciones constitucionales que regulan los tratados internacionales y su incorporación al ordenamiento jurídico ecuatoriano en la Constitución de 1998 (Arts. 161, 162 y 163) llegaremos a establecer que los tratados debidamente ratificados, aprobados y publicados en el Registro Oficial forman parte del ordenamiento jurídico ecuatoriano con un valor supralegal (Art. 163). Para evitar la contradicción entre el derecho interno y el derecho internacional, para que un tratado internacional forme parte del sistema jurídico ecuatoriano debe ser sometido a un análisis previo del Tribunal Constitucional. Si un tratado violare una disposición constitucional, no podría ser ratificado a menos que la Constitución se modifique.

Adicionalmente, la República del Ecuador suscribió, ratificó y aprobó la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, la misma que en su artículo 27 determina que Ecuador no podrá invocar disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado internacional. Es decir, la República del Ecuador no puede alegar normas de derecho ecuatoriano para incumplir obligaciones adquiridas por medio de tratados internacionales.

Del análisis de estas disposiciones se establece claramente que el legislador ecuatoriano determinó que el Derecho Internacional y el Derecho ecuatoriano forman parte de un sistema jurídico único y resulta evidente que no debe existir una disposición de derecho interno que violente el derecho internacional así como no podría existir una disposición de derecho internacional que violente el sistema jurídico ecuatoriano.

Esto no es solo una apreciación personal, el Tribunal Constitucional al menos en dos ocasiones se ha pronunciado respecto a que el derecho internacional forma parte de un todo unitario con el derecho interno. Así :

Resolución No. 12 de enero de 2001; a propósito del caso de la celebración del convenio entre Estados Unidos y Ecuador para el uso de la Base Aérea de la ciudad de Manta, el Tribunal Constitucional al sostener que no existía inconstitucionalidad en la celebración de dicho tratado sostuvo:

“… una eventual declaratoria de inconstitucionalidad no podría dejar sin efectos las obligaciones asumidas por el Ecuador en el Marco del Derecho Internacional”

Y el 5 de julio de 2007, mediante resolución No. 08-07, al pronunciarse sobre la constitucionalidad de la convocatoria a consulta popular, al interpretar los plenos poderes incluidos en el Estatuto que acompaña a la consulta popular, el Tribunal sostuvo:

“Del mismo modo, la doctrina constitucional reconoce las siguientes limitaciones al poder constituyente: a) Las impuestas por el Derecho Internacional; b) las impuestas por el derecho natural; c) Las limitaciones fácticas, es decir, las impuestas por la realidad social, económica, política o cultural de cada sociedad particular.

A. Limitaciones impuestas por el Derecho Internacional: Las sociedades políticas y los estados no están solos o aislados en el mundo, las características de la actual sociedad y del mundo globalizado imponen mínimas reglas de convivencia entre los estados. En tal sentido, el Ecuador es miembro de la ONU y de la OEA más concretamente, el Ecuador es suscripctor de la convención Americana sobre Derechos Humanos (así como de otros tratados), tratado internacional que establece entre otros derecho humanos que los estados suscriptores del tratado deben respetar: el derecho a la vida, la libertad de conciencia y religión, la libertad de pensamiento y expresión, o el derecho a la propiedad privada; por lo cual, dichos tratados internacionales son fuentes formales del derecho constitucional, siendo que, a la luz de la Convención de Viena sobre los Tratados, ningún estado puede alegar normas internas para justificar el incumplimiento de los tratados internacionales, pues, la suscripción de un tratado implica la de adecuar el ordenamiento jurídico de un país para hacer efectivo el tratado no pudiendo el Estado posteriormente modificar su ordenamiento jurídico para incumplir el compromiso internacional en razón de los principios pacta sunt servanda y bona fine que llevan explícitos los tratados internacionales” R.O. 133-S 24-Julio-2007.

De lo expuesto podemos concluir:

PRIMERO: El derecho Internacional y el Derecho interno forman parte de un sistema jurídico único y la legislación ecuatoriana así lo reconoce.

SEGUNDO: que ninguna disposición legal ecuatoriana contraviene el derecho internacional, por lo que la discusión jurídica sobre la jerarquía normativa entre Derecho Internacional y derecho local ecuatoriano resulta irrelevante. Solamente lo sería si hubiera contradicción entre dos normas, lo cual no ocurre. Haciendo notar que si existiera, esta contradicción, tanto la doctrina como la jurisprudencia internacional se han inclinado en favor de dar mayor jerarquía a las normas de Derecho Internacional.

En un reciente fallo dictado en un Tribunal Internacional (Caso Ciadi ARB/03/6 que siguió la empresa MCI en contra de la República del Ecuador) también se reconoce esta realidad. En el párrafo 218 (pag.51) del laudo el tribunal sostiene:

“Para el supuesto de posibles contradicciones entre las normas de derecho ecuatoriano y el Tratado Bilateral de Inversiones y otras normas de derecho Internacional general aplicables, el Tribunal decidirá sobre su eventual compatibilidad teniendo en cuenta el contenido y propósito de dichas normas en consideración a la jerarquía de las normas internacionales sobre la normativa interna de un estado”
Ahora bien, ¿qué ocurriría si, una vez concluido el proceso constituyente en el Ecuador, entra en vigencia la nueva Constitución? ¿Se modificarían estas conclusiones en virtud de las normas del proyecto de constitución elaborado en Montecristi?

Me parece que ambas conclusiones se mantienen inalterables. El artículo 425 del proyecto de constitución establece que el orden jerárquico de aplicación de las normas en el Ecuador será: “La Constitución, los tratados y convenios internacionales, las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, las normas regionales y ordenanzas, …”.

El proyecto de constitución mantiene la misma estructura jerárquica para la aplicación de los tratados internacionales que la Constitución de 1998. Es decir, los tratados internacionales forman parte del ordenamiento jurídico del Estado con un valor supralegal.

La disposición del artículo 425 del proyecto de constitución, al igual que los artículos 161 y siguientes de la constitución vigente ratifican que, para el legislador ecuatoriano, el derecho internacional y el derecho local forman parte de un sistema jurídico único, fundamento de la doctrina monista del derecho internacional.

De la misma manera, el artículo 438 numeral 1 del proyecto de Constitución y el artículo 162 inciso 2 de la Constitución vigente, prevén que para que un tratado internacional forme parte del sistema jurídico ecuatoriano debe ser sometido a un análisis previo del Tribunal Constitucional, por lo que si, un tratado internacional estuviere en conflicto con una disposición constitucional no deberá ser ratificado y en consecuencia no formará parte del sistema jurídico ecuatoriano.
Autor: Ernesto Albán
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