Punto de Vista
Reconocimiento y Ejecución de Laudos Extranjeros y el Sistema CIADI
29/4/08
Dentro de un proceso de arbitraje, la fase del reconocimiento y ejecución de un laudo arbitral, es o debería ser el momento más importante de reciprocidad entre la justicia arbitral y los tribunales nacionales, pues es dentro de la jurisdicción nacional donde toma fuerza el reconocimiento y ejecución del laudo arbitral.

Reconocimiento y ejecución de laudos Extranjeros.

El reconocimiento internacional de los laudos arbitrales presenta diversos problemas al momento de su ejecución. Por ejemplo, el trámite es complicado, ya que los tribunales locales a menudo actúan de una manera celosa de su jurisdicción y por ello la ejecución de sentencias con frecuencia es denegada por falta de jurisdicción del tribunal extranjero. A pesar de las varias convenciones internacionales, el procedimiento sigue presentando dificultades. Por ejemplo, de conformidad con el Código Sánchez de Bustamante y la convención de Montevideo, la parte que quiere ejecutar un laudo extranjero debe obtener primero un pronunciamiento del juez de origen que certifique la ejecutoriedad y estado de cosa juzgada de la causa. En consecuencia el interesado debe obtener dos exe-quátur, uno de las cortes donde se dictó el laudo y otro del juez del país donde se quiere ejecutar, además de los procedimientos y requisitos que prevé la ley interna.

El arbitraje internacional, cuenta con el marco jurídico apropiado para la ejecución de los laudos arbitrales en el extranjero. La convención de las Naciones Unidas sobre el Reconocimiento y Ejecución de Laudos Arbitrales “Convención de Nueva York” es el instrumento más importante y con mayor trascendencia sobre los 120 países suscriptores en el mundo, entre los cuales se encuentra Ecuador. La convención de Nueva York establece la presunción de validez de todos los convenios y laudos arbitrales, la misma que obliga a las cortes nacionales de los países firmantes a reconocerlos y lo más importante a ejecutarlos. La carga de la prueba pesa sobre la parte que se opone al reconocimiento de dicho laudo.

Dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano, existe también la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional adoptada en Panamá en 1979. Esta convención persigue los mismos fines que la convención de Nueva York. Ambos tratados están reconocidos por nuestra Constitución y forman parte del ordenamiento jurídico ecuatoriano.

A diferencia de los arbitrajes domésticos que son regidos por las normas nacionales internas, que establecen las condiciones a las que debe ajustarse el convenio arbitral, el arbitraje internacional es mucho más complejo debido a la necesidad de recurrir al Derecho Internacional Privado con el fin de establecer la ley aplicable para determinar la capacidad de las partes, la arbitrabilidad de la materia, la nulidad o la invalidez del acuerdo arbitral, etc, así como también para saber la legislación que se debe aplicar para el reconocimiento y ejecución del laudo extranjero. Deberán aplicarse las reglas del Derecho Internacional Privado interno de cada país, para las diferentes categorías jurídicas involucradas en un arbitraje internacional de naturaleza extraterritorial.

A lo largo de los últimos años, el arbitraje internacional ha ido ganando más territorio, y evidentemente, este avance se debe al desarrollo de los negocios internacionales y la consiguiente necesidad de un sistema mundial uniforme de solución de controversias. De esta forma, los países, cada vez en mayor número, pasan a ser parte de los convenios de arbitraje que se regulan alrededor del mundo. La Ley de Arbitraje y Mediación de Ecuador contiene importantes preceptos sobre arbitraje internacional, así por ejemplo, el Art. 42 prevé que el arbitraje internacional quedará regulado por los tratados, convenciones, protocolos y demás actos del derecho internacional suscritos y ratificados por el Ecuador. Además esta misma norma determina la efectividad de los laudos arbitrales, enfatizando que estos tienen los mismos efectos y serán ejecutados de la misma forma que los laudos dictados en un procedimiento de arbitraje nacional, es decir tendrán efecto de sentencia ejecutoriada y de cosa juzgada y se ejecutarán como sentencias de última instancia.

El CIADI

El convenio CIADI, establece un sistema autónomo que excluye el laudo arbitral del control de los Tribunales nacionales, con la simple disposición que éste no puede ser objeto de apelación de cualquier otro recurso salvo los casos previstos en el Convenio. De este modo, se intenta despojar, el laudo arbitral de todo control local, puesto que aún los principios de orden público- frecuente e insistentemente invocados por los Tribunales nacionales- estarían admitidos.

Los Tribunales CIADI, están investidos de una función auténticamente jurisdiccional, en consecuencia la sumisión al arbitraje del Centro, implica para los Estados, la renuncia a su inmunidad de jurisdicción y la consiguiente obligación de cumplimiento del laudo arbitral. Así, el Convenio elimina el procedimiento exe-quátur al establecer un sistema automático, en el que basta la presentación de una copia certificada del laudo arbitral ante el Tribunal o autoridad competente que cada Parte designe con tal propósito.

El Artículo 54 del Convenio CIADI, establece que todo Estado Contratante reconocerá al laudo dictado conforme al Convenio carácter obligatorio y hará ejecutar dentro de sus territorios las obligaciones pecuniarias impuestas por el laudo como si se tratare una sentencia firme dictada por un tribunal existente en dicho Estado. A su vez establece que el Estado Contratante que se rija por una constitución federal, podrá hacer que se ejecuten los laudos a través de sus tribunales federales y podrá disponer que dichos tribunales reconozcan al laudo la misma eficacia que a las sentencias firmes dictadas por los tribunales de cualquiera de los estados que lo integren. Establece también que el laudo se ejecutará de acuerdo con las normas que, sobre ejecución de sentencias, estuvieren en vigor en los territorios en que dicha ejecución se pretenda.

Una especialidad del proceso CIADI constituye la posibilidad de derogar una sentencia arbitral, con fundamento en un vicio evidente. Por ejemplo la nulidad se puede fundar en la conformación incorrecta del tribunal arbitral, el desbordamiento de su competencia, la aplicación indebida de las reglas fundamentales del proceso, etc. ( Art. 52 Convenio CIADI). La solicitud de nulidad, dice el Art 52 inciso 2, debe presentarse dentro los 120 días siguientes a la expedición del fallo arbitral. La interpretación amplia de los fundamentos de nulidad en algunos de los primeros procesos de anulación generó la preocupación de que dichos recurso legales sean atribuidos el valor de una apelación y así se desarrollaron fuertes dudas sobre la eficiencia de los procesos arbitrales del CIADI.

Como ya se mencionó anteriormente, la parte, estatal en el proceso CIADI, está obligada a acatar la sentencia arbitral. Cada estado miembro del Convenio debe reconocer como vinculante la sentencia del Centro y debe ejecutar lo relativo a las obligaciones financieras.

El profesor Christoph H. Schreuer, establece los efectos del laudo arbitral sobre las partes. Menciona tres aspectos muy importantes. Uno es la finalidad del laudo arbitral CIADI y alude a que una vez que el laudo CIADI ha sido emitido, las partes no deben buscar otro mecanismo para remediar la misma disputa en un foro distinto. El segundo recae sobre la ausencia de una revisión externa del laudo arbitral ya que de presentarse una solicitud de ampliación o revisión del laudo, esta deberá estar dirigida al mismo tribunal que dictó el laudo y de no ser así, se constituirá un nuevo tribunal arbitral. ( Art 50 Convenio CIADI). El tercer aspecto, versa sobre el carácter vinculante del laudo, es decir el no cumplimiento de un laudo sería un incumplimiento a una obligación legal.

De la misma manera el profesor Schreuer, expresa que debido a que el arbitraje está basado en el acuerdo de las partes y este acuerdo incluye la promesa incondicional de aceptar el resultado del laudo, este laudo vinculante puede recaer también bajo el pacta sunt servanda. El principio de la fuerza vinculante de un laudo está expresado en muchos de los instrumentos internacionales que gobiernan el arbitraje y que frecuentemente está establecido en los acuerdos de arbitraje .

Como se puede ver, el Convenio CIADI establece en sus reglas el procedimiento de ejecución de sus laudos y a su vez el mecanismo de nulidad, aclaración o ampliación, en virtud de ofrecer a los inversionistas privados un alto grado de seguridad jurídica con relación al alcance de las obligaciones arbitrales contractuales.

Conclusión.

De lo analizado, se evidencia, que los distintos ordenamientos jurídicos, han previsto en su legislación medios destinados a la ejecución de sentencias y laudos extranjeros y así los han consagrado también los diferentes tratados internacionales como la Convención de Nueva York y la de Panamá. Se ha establecido también el mecanismo propio del CIADI para la ejecución de los laudos dictados por el Centro, que como lo establece el profesor Schreuer es un sistema independiente del establecido por la Convención de Nueva York y los otros tratados internacionales y leyes domésticas relacionadas con la ejecución de los laudos extranjeros. Así mismo Schreuer menciona que la obligación de reconocer y ejecutar un laudo no está sujeto a exclusión o variación alguna por acuerdo de las partes, ya que este acuerdo proviene del consentimiento a la jurisdicción del Centro. Ninguna cláusula que prevea la renuncia de las partes al laudo está prevista en las cláusulas modelo del Centro.

Independientemente del mecanismo que se utilice para ejecutar un laudo arbitral, no hay que olvidar que la obligación de las partes especialmente de los estados, va de la mano con el compromiso de cumplir las normas del Derecho Internacional Privado que prevén la actuación responsable de los estados de respetar sus compromisos adquiridos con la comunidad internacional.






Autor: María Verónica Arroyo M.
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